Sección de Derecho de Internet y Nuevas Tecnologías del ReICAZ

Orden de 9 de marzo de 2000 por la que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

Sumario:

• Artículo Único.


• DISPOSICIÓN FINAL.


• Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.


• DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Obligaciones de servicio público y garantía de continuidad en la prestación de los servicios portadores soporte de los de difusión televisiva regulados en las Leyes 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión; 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, y 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada.

La liberalización efectiva del sector de las telecomunicaciones y la introducción de tecnologías de radiocomunicaciones con un amplio espectro de aplicaciones ha supuesto la aparición de gran número de nuevos operadores y servicios con la consiguiente utilización masiva de dominio público radioeléctrico. Esta práctica ha originado que el dominio público radioeléctrico se convierta en un recurso cada vez más escaso con un alto valor económico que demanda una rigurosa planificación y regulación que garantice su aprovechamiento racional, el acceso equitativo de los usuarios y su gestión eficaz.

La entrada en vigor de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y la consiguiente derogación, casi en su totalidad, de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, supone un cambio radical en la normativa básica del sector de las Telecomunicaciones, pasándose de una prestación de los servicios en régimen de monopolio u oligopolio a su prestación en régimen de libre competencia, previa obtención de la correspondiente licencia individual o autorización general.

La Ley General de Telecomunicaciones obliga a la consiguiente sustitución del Reglamento regulador del dominio público, aprobado bajo la cobertura de la derogada Ley 31/1987 ya citada, por uno nuevo que se enmarque en el régimen previsto en aquélla. En concreto, el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que se desarrollaren reglamentariamente las condiciones de gestión del dominio público radioeléctrico, la elaboración de los planes para su utilización y los procedimientos de otorgamiento de los derechos de uso de dicho dominio, bien mediante autorización administrativa, concesión demanial o afectación.

La disposición transitoria primera, 5 de la Ley General de Telecomunicaciones anteriormente citada, establece que, en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, deberán aprobarse las nuevas normas que adapten el uso de dominio público radioeléctrico a esta nueva Ley y, en especial, a lo dispuesto en el título y de la misma.

Por otra parte, el artículo 5 del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, faculta al Ministerio de Fomento para que dicte las disposiciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios portadores soporte de los de difusión televisiva a los que se refiere la disposición transitoria séptima de la Ley General de Telecomunicaciones.

En su virtud, este Ministerio a propuesta de la Secretaría General de Comunicaciones, de acuerdo con el Consejo de Estado y de conformidad con las facultades otorgadas por el Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, dispongo:

Artículo Único.

Se aprueba el adjunto Reglamento de Desarrollo del artículo 62 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Orden ministerial entrará en vigor transcurrido un mes contado desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de marzo de 2000.

Arias-Salgado Montalvo.

Reglamento de Desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Obligaciones de servicio público y garantía de continuidad en la prestación de los servicios portadores soporte de los de difusión televisiva regulados en las Leyes 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión; 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, y 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada. [En vigor según Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo.] DD

1. Una vez finalizado el plazo inicial de diez años, al que se refiere el artículo 11 de la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, y conforme a lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, Retevisión, Sociedad Anónima prestará directamente el servicio portador, mediante la utilización de las frecuencias afectas a su red, en los términos y condiciones resultantes de la licencia B1 de la que es titular. A estos efectos, se procederá, de oficio, a practicar las correspondientes inscripciones en los respectivos Registros. La prestación por Retevisión, Sociedad Anónima del indicado servicio tendrá la consideración de obligación de servicio público, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.

2. Los medios utilizados por las entidades públicas o privadas prestadoras del servicio de televisión como servicio portador a que se refiere el apartado anterior, deberán permitir el cumplimiento de las condiciones de cobertura, calidad y continuidad establecidas en la normativa vigente, y a estos efectos, las entidades públicas y privadas gestoras de los servicios de televisión a los que se refiere esta disposición transitoria, podrán solicitar a Retevisión, Sociedad Anónima antes del 2 de abril del año 2000, la prestación de los servicios indicados en el anterior apartado, en condiciones análogas de cobertura, calidad y continuidad a las que ha venido ofreciendo hasta la fecha en virtud del contrato en su día celebrado con el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión. Se formalizará, a tal efecto, el correspondiente contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, Retevisión, Sociedad Anónima vendrá obligada, en el supuesto de que las entidades públicas o privadas gestoras del servicio público de televisión hubieran ejercido, en tiempo, la opción a la que se refiere el párrafo anterior, a prestar el servicio portador, en las condiciones establecidas por la presente disposición, por el plazo que las partes hubieran acordado y como máximo hasta la finalización del plazo previsto en el artículo 2 del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital, aprobado por Real Decreto 2169/1998. En caso de que no se llegase a un acuerdo entre las partes, el nuevo contrato que se formalice tendrá, como mínimo, vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001, en condiciones, al menos, iguales a las contenidas en el contrato celebrado con el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión.

Retevisión, Sociedad Anónima percibirá, como contraprestación económica, como máximo, el importe de las tarifas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

3. Las entidades públicas y privadas gestoras del servicio de televisión podrán contratar con otros operadores distintos de Retevisión, Sociedad Anónima, o desarrollar en régimen de autoprestación los servicios portadores de transporte o difusión definidos en los apartados a) y b) de la Ley 37/1995, de Telecomunicaciones por Satélite.

En el supuesto de que las entidades públicas o privadas gestoras del servicio público de televisión pretendiesen contratar el servicio portador con Retevisión, Sociedad Anónima en condiciones distintas a las que se han venido ofreciendo hasta la fecha, o con otra entidad titular de infraestructuras que dispusiera de la correspondiente habilitación para la prestación del servicio portador, y no llegasen a un acuerdo sobre las condiciones y precios, corresponderá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones dar solución, previa solicitud de uno de los interesados y mediante expediente contradictorio, a los referidos conflictos, dictando las correspondientes resoluciones que serán vinculantes para ambas partes.

Para dictar resoluciones a las que se refiere el párrafo anterior, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tomará en consideración la regulación relativa a la oferta de redes de telecomunicaciones y acceso a las mismas en lo relativo a la red de transporte y el equilibrio económico global entre las condiciones establecidas en los contratos preexistentes y las tarifas aprobadas con el carácter de máximas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, se entiende que la prestación de los servicios sujetos a las obligaciones de servicio público se extiende al transporte y difusión de las señales de televisión que se venían prestando a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, en el área de cobertura correspondiente de cada una de las entidades públicas o privadas gestoras del servicio público de televisión.

5. En cualquier caso, la prestación del servicio portador soporte de los de difusión televisiva regulados en las Leyes 4/1980, 46/1983 y 10/1988 por las entidades de infraestructuras que hubiesen obtenido el correspondiente título habilitante, se efectuará con sujeción a los principios de igualdad de trato y no discriminación entre las distintas entidades públicas y privadas gestoras del servicio público de televisión.